El desplazamiento interno se refiere a la migración involuntaria dentro de las fronteras de un estado. Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU definen a una Persona Desplazada Interna (PDI) como un individuo o grupo de individuos “que han sido obligados u obligados a huir o abandonar sus hogares… para evitar los efectos del conflicto armado, la violencia generalizada, las violaciones de derechos humanos o desastres naturales o provocados por el hombre, y que no han cruzado una frontera reconocida internacionalmente” (ACNUR 1998). Aproximadamente 71 millones de personas en todo el mundo califican como desplazados internos, incluidos los afectados por la guerra entre Rusia y Ucrania, la violencia en la República Democrática del Congo y los desastres naturales en Pakistán (ACNUDH 2023).
El desplazamiento interno también ocurre en contextos que no son de crisis. A pesar de su relativa estabilidad política, Colombia es el único país del hemisferio occidental con más de un millón de víctimas de desplazamiento registradas en 2022 (IDMC 2023). A pesar de la magnitud del desplazamiento interno en Colombia, existe una falta de literatura empírica sobre este fenómeno. Este artículo busca sintetizar los elementos que definen el desplazamiento interno en Colombia, identificar la literatura existente que analiza este tema a nivel local y delinear áreas potenciales para futuras investigaciones.
Una breve historia
Para comprender el desplazamiento interno en Colombia, es fundamental revisar la larga historia de conflicto del país. Si bien una revisión historiográfica detallada está fuera del alcance de este artículo, la figura 1 intenta sintetizar la cronología del conflicto de Colombia junto con cambios legislativos históricos que constituyen la base de la respuesta institucional del país al desplazamiento.
La historia de conflicto armado de Colombia está intrínsecamente ligada al desplazamiento forzado, y las respuestas políticas al desplazamiento forzado han evolucionado a la par de la historia de violencia del país. La Ley 1448 de 2011 (MinEducación 2023) es el desarrollo legislativo más reciente para abordar el desplazamiento interno. Reconoce formalmente a los desplazados internos como víctimas del conflicto armado y aborda la cuestión del desplazamiento desde una perspectiva de justicia transicional. La justicia transicional se refiere a la respuesta de un país a violaciones sistemáticas o generalizadas de los derechos humanos, centrándose en el reconocimiento y la promoción de la paz, la reconciliación y la democracia por parte de las víctimas (ICTJ, 2023). En este sentido, la Ley 1448 de 2011 reconoce jurídicamente el desplazamiento forzado como un elemento del conflicto armado colombiano y sienta las bases jurídicas para el reconocimiento y reparación de las víctimas del desplazamiento. La ley también establece criterios basados en la necesidad para la elegibilidad para el estatus de desplazado interno, de modo que si un individuo logra estabilidad, ya no se lo considera un desplazado interno.
Este criterio se basa en la legislación anterior y establece que una persona ha logrado la estabilización cuando se cumplen sus derechos a la identificación, la salud, la educación, la seguridad alimentaria, la vivienda, la generación de ingresos, la atención psicosocial y la reunificación familiar. La Unidad para la Reparación Integral a las Víctimas (UV) establece los umbrales de cumplimiento específicos para cada ítem listado anteriormente y utiliza el Índice Global de Restablecimiento Social y Económico (IRSE) para determinar si una persona ha superado exitosamente su condición de vulnerabilidad (UV 2021). Alternativamente, las víctimas del desplazamiento pueden optar por renunciar a su estatus (Ibáñez et al 2022, 604). La ley también define indemnizaciones financieras condicionales de hasta $10,000 dólares por víctima y la restitución de tierras abandonadas (Ibáñez et al 2022, 605) como reparaciones a las víctimas.